BIM aplicado al Patrimonio Cultural
La crisis y la conservación del Patrimonio Cultural

La crisis y la conservación del Patrimonio Cultural

Dos noticias de la semana pasada son el fiel manifiesto del “compromiso” de las administraciones con la conservación del Patrimonio Cultural.  Un artículo del Diario.es en donde se explica con todo lujo de detalles las técnicas que la Administración está empleando para, sencillamente, desprenderse de su deber de conservación de los bienes culturales, a través de todo tipo de actuaciones que contradicen las leyes que la propia Administración promulga. Desde la enajenación bienes culturales que son, recuérdese, patrimonio común de toda la sociedad, hasta permitir expedientes de ruina sobre inmuebles protegidos para después no aplicar ninguna protección sobre el suelo, tal como establece la legislación.

Poco después, El Confidencial denunciaba, en un excelente y extenso artículo, los recortes presupuestarios en las labores ordinarias de conservación del Patrimonio Cultural de los bienes catalogados como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Según las propias fuentes del Ministerio de Cultura, confiesan que “en los últimos años ha sido necesaria hacer una disminución en los presupuestos destinados a patrimonio, pero se ha hecho disminuyendo la actividad en los aspectos menos importantes y manteniendo las necesidades básicas y las actuaciones urgentes“. Es decir, contraviniendo los criterios y recomendaciones de las Cartas vigentes en materia de conservación del Patrimonio Cultural, universalmente aceptados, que definen la conservación y el mantenimiento continuo como la mejor forma de preservar los bienes culturales, censurando, precisamente, las actuaciones urgentes. Y no es que el Ministerio de Cultura no conozca o no interprete correctamente estas directrices. La propia Ana Laborde, que  fue codirectora del programa de restauración del Pórtico de la Gloria por parte del Ministerio de Cultura, compartida con Iago Seara por parte de la Xunta de Galicia, explica que “La consecuencia de la retirada de apoyo del Estado supone un aumento del riesgo. Como las Administraciones locales dependen mucho de los recursos del Estado han dejado de invertir. Lo más grave es que cada vez se ponen en marcha menos proyectos de conservación preventiva, con lo que todo se deteriora más y recuperarlo será más caro”. Hay que aclarar que recuperar significa que antes, algo se ha extraviado. Que alguno de los matices, significados o contenidos culturales, artísticos o históricos que conforman la identidad del Bien Cultural se han perdido. Y esa pérdida puede ser recuperable (nunca totalmente) o definitiva e irrecuperable, con lo que esos valores culturales desaparecen para siempre como parte de la memoria colectiva y la cultura.

Desde mi punto de vista, esta situación es el fiel reflejo de un estado social y de derecho que se caracteriza por la hiperlegislación. El estado hiperlegislado es capaz de publicar un cuerpo legal inaccesible, prácticamente infinito, lleno de normas que se contradicen entre si, y que consagra como primer incumplidor de ese cuerpo legal a aquéllos que lo han construido. Paradójicamente, y de forma ejemplarizante, los más obligados a la conservación del patrimonio cultural son los primeros en incumplir las normas legisladas, convirtiéndose en el primer factor de riesgo. Los incumplimientos de la Administración sobrepasan los de mera ejecución y provisión de fondos, alcanzando aspectos como los de la persecución de oficio y sanción de los deberes de conservar de los propietarios privados de los bienes culturales, tanto más sangrante cuanto más importante es el titular del bien (véase los casos flagrantes de infracciones y delitos de la Iglesia Católica contra el patrimonio cultural, que jamás han recibido ya no sanción, sino apertura de expediente de oficio). Igualmente, las leyes facultan a las Administraciones para la expropiación de los Bienes Culturales indebidamente conservados y, sin embargo, resulta que es la propia administración la que está enajenando bienes o permitiendo la ejecución de demoliciones que, para poder ser legales, deben contar con el preceptivo informe favorable en la declaración de ruina.

Como sociedad debemos tomar conciencia de los valores culturales que se están poniendo en riesgo por la inacción o irresponsabilidad de la Administración en la conservación del Patrimonio Cultural. Y esta toma de conciencia debe incorporar la facultad de reclamar y ejercer acciones legales en contra de la propia Administración, por incumplimiento de sus responsabilidades.

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