BIM aplicado al Patrimonio Cultural
ENCE o cuando el bien particular se sitúa por encima del patrimonio común

ENCE o cuando el bien particular se sitúa por encima del patrimonio común

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 45

  1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
  2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Constitución Española

Disoposiciones generales

Artículo 1

  1. El patrimonio cultural de Galicia está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que, por su reconocido valor propio, hayan de ser considerados como de interés relevante para la permanencia e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.
  2. La presente Ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia, así como su investigación y transmisión a generaciones futuras.
  3. Integran el patrimonio cultural de Galicia los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Ley del Patrimonio Cultural de Galicia

III

Galicia, compendio de universalidade, quere participar con plena dignidade e protagonismo no concerto das culturas, polo que neste texto se asumen mandatos, criterios e principios recollidos nas diversas cartas, convenios e instrumentos internacionais sobre as máis diversas materias como o patrimonio arquitectónico, arqueolóxico, subacuático ou inmaterial, entre outros, algúns dos cales pasaron xa a ser dereito interno mediante os procesos de ratificación dos respectivos tratados por parte do Estado español. Isto reflíctese no recoñecemento expreso de determinados patrimonios en función da súa natureza e no tratamento destes buscando a súa integración territorial, incluso con novas figuras como as áreas de amortecemento, ou en novas categorías como as paisaxes culturais.

Anteproyecto de Ley del Patrimonio Cultural de Galicia

Esta pequeña introducción pretende situar el debate directamente sobre los valores históricos, culturales, antropológicos e identitarios que definen a la Ría de Pontevedra, y que debieran constituir objeto de protección patrimonial a través de alguna de las figuras definidas en la legislación vigente. Al mismo tiempo, este preámbulo también quiere situar la consideración que al paisaje se otorga en la nueva legislación del patrimonio cultural de Galicia, donde es objeto de especial protección, al igual que el patrimonio inmaterial, por la evidente naturaleza que presentan en la definición de la identidad cultural de un pueblo, conformado a lo largo de su historia. El paisaje como materialización humanizada de la cultura constituye un valor que en la nueva legislación se eleva a la consideración de Bien de Interés Cultural como máximo exponente de la presencia gallega en la historia.

Y sin embargo, en una resolución extemporánea e injustificada, estos valores fundamentales del patrimonio cultural se han subordinado a una explotación económica de una industria obsoleta y en regresión exponencial, cuyo impacto en la dinámica socioeconómica de Galicia es francamente residual. Nadie se cree que se pueda considerar estratégica para la economía la fabricación de pulpa de celulosa, una producción que China acapara en un 90%. Y mucho menos si consideramos la imparable tendencia a un mundo en donde la presencia del papel va a ser testimonial (hasta la administración autonómica empieza a exigir como medio único de presentación de expedientes el digital). Pensar en la producción de pulpa de celulosa en la ría de Pontevedra a 60 años vista como un factor que justifica la utilización del dominio público marítimo-terrestre resulta, desde esta perspectiva, sonrojante.

Tampoco el factor trabajo es un valor añadido. En el país de las reconversiones industriales y las prejubilaciones por antonomasía, no parece justificable el que la administración no encuentre fórmulas para resolver un problema menor. Ello sin cuantificar los innumerables empleos que generaría, en primer lugar el desmontaje e las instalaciones de la pastera y la regeneración medioambiental con una vuelta al estado previo de la línea de costa; y en segundo lugar con la creación de un tejido activo de instalaciones basadas en las previsiones de un nuevo PXOM redactado, ahora sí, como factor de desarrollo urbanístico de un ámbito territorial con un potencial extraordinario.

Y no es cuestión de este espacio profundizar en otros aspectos que son impropios de una concesión administrativa, procedimiento administrativo sometido a unas normas que, en el caso de incumplirlas, resulta en la anulabilidad o en la nulidad del propio procedimiento. Es inaudito que un gobierno en funciones decida sobre la ordenación de un territorio (por mucho que sea una competencia estatal) afectando a todo un ámbito local, con un horizonte temporal de 60 años. Sería como si el mayor anciano de la familia decidiera lo que va a estudiar el más joven, donde va a trabajar, con quien se va a casar y cuantos hijos va a tener. En el contexto tecnológico actual, donde la mutabilidad de los medios productivos cambia siguiendo una curva exponencial, tomar decisiones con plazos de medio siglo es tan objetivo y ajustado como pronosticar el tiempo para ese mismo plazo. Y ahí está el caso de Detroit para los incrédulos.

La renovacion a la concesión de ENCE en la ría de Pontevedra supone, en términos de protección del patrimonio cultural, un retroceso evidente en la evolución de los criterios de protección establecidos en las sucesivas cartas internacionales, que culminan en el anteproyecto para la renovación de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, ahora mismo en trámite parlamentario. Criterios que con el paso de los años han ido incorporando el territorio vinculado a un Bien de Interés Cultural como objeto del mismo nivel de protección, creando una unidad indisoluble entre el objeto BIC y su territorio. Así lo recoge la Ley del Patrimonio Histórico Español, cuando en su artículo 17 expresa:

En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno.

El ámbito de la ría de Pontevedra contiene un Bien de Interés Cultural, Combarro, que tiene una identidad evidente con el territorio que lo contiene. La misma declaración de Combarro como “conjunto artístico y pintoresco de carácter nacional” (hoy BIC) lo defino como “el más, pintoresco de los pueblos marineros de Galicia. El caserío se apiña en curiosa y típica urbanización sobre una amplia faja de terreno, donde la ría forma una bella ensenada“… “original composición del barroco popular del paisaje teñido de una suave luz y, matizado en unos grises blancos y verdes“. Resulta evidente que cualquier agresión sobre el entorno geográfico y paisajístico que contiene al BIC supone una erosión de aquellos valores contenidos en el propio BIC y que son objeto de su protección y difusión como parte del patrimonio común. Tal es éste un criterio comúnmente aceptado y de disposición general, que se viene aplicando en todos los expedientes que afectan a cualquier bien protegido, no sólo a los BIC sino también a los bienes catalogados e inventariados. Es fácil derivar las consecuencias que para un BIC como Combarro supone la agresión al territorio que lo contiene en forma de ENCE. Puede entenderse su presencia hasta el momento, teniendo en cuenta que su declaración BIC es de 1972, varios años posterior al establecimiento de la pastera. Pero que ahora no se haya considerado esta relación no es justificable desde el ámbito de la protección del patrimonio cultural.

Pero el debate eterno en torno a lo que constituye el patrimonio cultural ha evolucionado a los términos citados anteriormente, al considerar al paisaje como un bien cultural en sí mismo, objeto del mayor nivel de protección, en cuanto plasmación de una cultura en el territorio natural a lo largo de un período histórico. Dentro de estos términos, es fácilmente justificable la consideración de todas las rías gallegas como Paisajes Culturales en la nueva legislación en trámite, tanto como entornos geográficos que definen una cultura, como en la labor humanizadora de esa cultura que conforma un paisaje.

Desde esta perspectiva, la renovación de la concesión de ENCE supone una pérdida patrimonial para toda Galicia, pues se retrasa en 60 años la recuperación de una parte de la identidad, de la cultura que nos dá sentido, nos explica y nos identifica, justificado en el necesario bienestar de los empleados de la fábrica y de los que “trabajan” en el monte. El bien de unos pocos por encima del patrimonio de todos. Esta pérdida irreparable es comparable a privatizar un pedazo de la Catedral de Santiago para uso industrial. No creo que, en ese caso, el número de empleos o el paro fueran justificación alguna para los que defendieran semejante crimen.

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