BIM aplicado al Patrimonio Cultural
El dedo y la luna

El dedo y la luna

Escucho a los políticos y a los medios polemizar sobre el desafortunado incendio ocurrido en los inmuebles de la Rúa Michelena y los soportales de la Herrería, y recuerdo aquello de la multitud mirando el dedo. Parece ser que el debate se centra sobre la actuación de los equipos de extinción, abnegados bomberos, que ahora pagan los platos rotos de un problema que tiene una raíz mucho más compleja: la inadecuación, a veces incompatibilidad, entre la adecuación de los usos a la normativa vigente y la protección contenida en los planes para los edificios de los conjuntos histórico-artísticos, y lo que es peor, la falta de ayudas e incentivos para resolver esta situación manifiestamente peligrosa.

El edificio siniestrado se encuentra catalogado con la ficha 4-52-04 dentro del Plan de protección, reforma interior e conservación artística do conxunto histórico artístico. En él se califica el edificio como objeto de protección ambiental hacia la Herrería y de protección estructural hacia la rúa Michelena, por ser un edificio de viviendas del siglo XVIII, que presenta como valores la existencia de soportales, testimonio de un modo de urbanización que era general en la ciudad, y con una arquitectura de caracteres renacentistas, especialmente en sus arcos de doble altura. Según la ficha, se define un uso principal de vivienda, siendo compatibles todos los restantes usos que define la normativa en su capítulo IV. Hay que hacer notar que en la ficha ya se recoge la existencia de un establecimiento de comercio textil en planta baja.

Ficha Herreria 01

Ficha Herreria 02

Por su parte, el título IV de la Normativa del Plan Especial establece en su articulo 53 que en cualquier obra de construcción, rehabilitación, mejora, cambio de uso o similar, deberán adoptarse las medidas correctoras que garanticen la normativa acústica, la tranquilidad, seguridad y salubridad pública. De igual modo especifica este artículo que toda obra de reforma, mejora, rehabilitación o consolidación deberán armonizar las condiciones de uso con las disposiciones del Plan Especial.

Más importante es el artículo 55 de la normativa, que en función de la existencia o no de licencia de apertura y de si la licencia es disconforme o no autorizable respecto a las determinaciones del Plan Especial, establece la necesidad de obtener nueva licencia de apertura, con la consiguiente adaptación a la normativa del Plan, la sectorial del uso y la normativa básica de la edificación. La no solicitud de licencia en el plazo de 2 meses implicaría la clandestinidad del uso y el cierre del establecimiento.

Por tanto tenemos claro el procedimiento para un local y un uso sin licencia de apertura o con una licencia no autorizable respecto al Plan Especial (si es no autorizable el uso queda fuera de ordenación, siendo necesario pedir nueva licencia para su adaptación, si fuera posible). Situándonos en la hipótesis de que todos los locales tienen licencia en vigor autorizable por el Plan Especial, entonces surge el verdadero problema. Mientras el local no cambie de uso, las obsoletas instalaciones y determinaciones que se exigieron para otorgar la licencia de apertura no se actualizan a las mucho más exigentes determinaciones de la normativa vigente. Así, por ejemplo, en el caso de espacios de almacenaje de productos textiles. Según el Documento Básico Seguridad en caso de Incendio, cualquier almacén en uso comercial es local de riesgo especial, debiendo determinarse la carga de fuego del almacén para determinar el grado de riesgo. Para poder valorar el riesgo podemos aproximar por la carga calorífica de los productos textiles comparados con algunos otros productos de referencia. Así, la ropa de vestir tiene un poder calorífico de 4,5 Mcal/kg, el algodón 4,0 Mcal/kg, la fibra acrílica 7,4 Mcal/kg, las fibras artificiales como el rayón 4,0 Mcal/kg, el lino 4,0 Mcal/kg, la seda 5,0 Mcal/kg y un combustible como el Propano 11 Mcal/kg. Es fácil concluir que un almacén de textiles tiene aproximadamente la mitad de poder calorífico que un depósito de propano, es decir, mucho capacidad para avivar un incendio. Por supuesto, los químicos y materiales de un taller de fotografía se encuentran, del mismo modo, en un nivel similar o superior de riesgo, siendo ambos usos los que conocemos existentes en el edificio siniestrado. Suponiendo el más bajo de los riesgos asumibles para un almacén, la envolvente de dicho espacio debe tener un tiempo de resistencia al fuego de 90 minutos, aproximadamente el doble que lo que se reclama como tiempo de intervención de los bomberos.

Y sin embargo, mientras que en otros aspectos de la conservación de los edificios se han redactado ordenanzas para garantizar la seguridad de terceros, como por ejemplo la ordenanza de fachadas para comprobar y reforzar las fijaciones de aplacados pétreos y cerámicos, en el ámbito de los locales comerciales no se ha incentivado de ninguna manera la actualización de cuestiones tan relevantes como las instalaciones eléctricas y las condiciones de protección contra incendios. Si un local tiene licencia de apertura compatible con el Plan Especial, sus instalaciones pueden seguir siendo decimonónicas y su protección contra incendios nula. Ya no digamos si no tiene licencia de apertura pero no se ha ejercido la disciplina urbanística. Si a ello añadimos la necesidad de mantener y conservar fachadas, carpinterías y estructuras de madera, esto constituye un riesgo, no sólo para los edificios individuales del conjunto histórico, sino para el conjunto histórico en su totalidad, que recordemos, es patrimonio común y Bien de Interés Cultural.

Es necesario redactar una ordenanza que obligue a una actualización constante de las condiciones de protección contra incendios en los locales comerciales con licencia vigente. Este es el verdadero problema, no la actuación de unos profesionales intachables que verdaderamente arriesgan sus vidas en situaciones límite.

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